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El rol de Obras por Impuestos y APP en el cierre de brechas de infraestructura

Setiembre 03 / 2019
Néstor Díaz Rodríguez, coordinador regional sur de ProInversión

En una economía globalizada uno de los conceptos más importantes es el de competitividad. Especialistas en economía y en el tema empresarial aportan varias acepciones sobre ella. Por ejemplo, Michael Porter señala que la competitividad nacional se ha convertido en una de las preocupaciones centrales de los gobiernos y de las industrias de todas las naciones, y que el objetivo principal de un país es conseguir un creciente y alto nivel de vida de sus ciudadanos, y ello depende de la productividad con la que empleen la mano de obra y el capital.

Según el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), la competitividad es “(…) es el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. Se desprende, pues, que la competitividad de un país depende de la productividad.

Desde 1979, el WEF anualmente analiza las economías de los distintos países del mundo mediante el Reporte de Competitividad Global. Este reporte integra las últimas estadísticas de organizaciones internacionales y una encuesta de ejecutivos. Está diseñada para ayudar a los países a identificar políticas y prácticas relevantes.

Para poder establecer la posición de cada país, a manera de un ranking, ha establecido doce pilares a través de los cuales se analiza su desempeño: 1) Instituciones, 2) Infraestructura, 3) Adopción de tecnologías de comunicación e información, 4) Estabilidad macroeconómica, 5) Salud, 6) Habilidades. 7) Mercado de productos, 8) Mercado laboral, 9) Sistema financiero, 10) Tamaño de mercado, 11) Dinamismo en los negocios, y 12) Capacidad de innovación.

En el caso del Perú, el WEF le ha asignado el puesto 63 entre 140 naciones, lo que ha implicado un descenso con respecto a la posición que obtuvo en los últimos años. A nivel de Latinoamérica, nos superan países como Chile (33), México (46), Uruguay (53), Costa Rica (55) y Colombia (60).

Como fortaleza se señala la estabilidad macroeconómica, pero no asigna un buen desempeño en los demás pilares, entre ellos, el de infraestructura que obtiene una puntuación de 62 sobre 140 a nivel mundial. ¿Por qué es importante este pilar? Porque los países mejor interconectados, generalmente, han sido más prósperos.

La infraestructura bien desarrollada disminuye costos de transporte y de transacción, y facilita el movimiento de bienes y personas, así como también la transferencia de información dentro de un país y a través de las fronteras. Asimismo, garantiza el acceso a la energía y al agua, ambas condiciones necesarias para la actividad económica moderna, así como para dar un alto nivel de vida a los ciudadanos.

En este pilar se analiza la calidad y extensión de la infraestructura de transporte (terrestre, ferrocarriles, marítimo, fluvial y aéreo) e infraestructura de servicios públicos. En otras palabras, la brecha de infraestructura de nuestro país resta productividad y, por ende, hace menos competitivas a nuestras industrias.

En el 2015, la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico elaboró el Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025 para la Asociación de Fomento de la Infraestructura (AFIN). En dicho documento se establece que en el Perú la brecha de infraestructura al 2025 alcanza cerca de US$ 159,549 millones.

Ante la brecha en infraestructura, el Estado peruano impulsa la inversión pública en los tres niveles de gobierno, pero esto resulta insuficiente para poder cerrarla y es necesaria la participación privada.

Por ello, ha establecido marcos legales que permitan dicha intervención en el cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos: Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas (APP), que el Estado peruano ha encargado a ProInversión promoverlos.

En el caso de Obras por Impuestos, reguladas desde el 2008 por la Ley Nº 29230 y su reglamento, se permite que las empresas privadas financien proyectos de inversión pública de municipalidades, gobiernos regionales, universidades públicas y ministerios. Este financiamiento es a cuenta de los impuestos a la renta de tercera categoría que pagarán las empresas.

Los beneficios son varios. Se obtiene infraestructura de calidad porque las empresas no arriesgan el valor de su marca por una obra mal ejecutada. Además, las empresas pueden identificar el destino de sus impuestos con la obra que han financiado. Para las entidades públicas, se convierte en un mecanismo adicional para realizar inversión, y en el caso de los municipios, gobiernos regionales y universidades públicas el monto de las obras ejecutadas se les descuenta de las transferencias futuras de canon, sobrecanon, rentas de aduanas, participaciones y regalías, pudiendo pagarlas en varios años.

El impacto de este mecanismo ha sido beneficioso, principalmente a nivel de regiones. Hasta el momento se han comprometido más de S/ 4,384 millones en 374 obras que benefician a más de 15 millones de peruanos. Se han financiado sobre todo infraestructura de transporte, educación y saneamiento.

Un ejemplo de cuán importante pueden ser las Obras por Impuestos para poblaciones de extrema pobreza lo tenemos en Piura. En el centro poblado La Encantada, ubicado en Chulucanas, residen los más emblemáticos ceramistas herederos de las culturas prehispánicas Vicús y Tallán. Estos ceramistas no podían recibir turistas en su centro poblado debido a que carecían de una carretera de acceso que la interconecte con Chulucanas, además de no contar con agua potable y desagüe, ni pistas ni veredas. Gracias al mecanismo de Obras por Impuestos, el Banco de Crédito financió tres proyectos por un total de S/ 28.45 millones que solucionaron estos problemas, mejorando la calidad de vida de la población de La Encantada y permitiendo ahora que el centro poblado sea visitado por turistas, generándose actividades económicas nuevas como restaurantes y tiendas de artesanía.

En el caso de la APP es un mecanismo usado en varios países del mundo que permite que inversionistas privados aporten capital, experiencia, tecnología, conocimiento en el financiamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura que brinda servicios públicos, como el caso de carreteras, puertos, aeropuertos, generación y distribución de energía, plantas de tratamiento de agua potable o de aguas residuales, hospitales, entre otros.

El marco legal para este tipo de intervenciones es el Decreto Legislativo N° 1362, Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos y su reglamento.

Al igual que Obras por Impuestos, las APP son un mecanismo importante que pueden emplear los gobiernos central, regionales y municipios para obtener infraestructura que brinde servicios públicos, con la ventaja de trasladar parte del riesgo al inversionista privado. Asimismo, este tipo de mecanismo es adecuado para proyectos de alta envergadura y complejidad.

Un ejemplo reciente es la concesión del proyecto “Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca (PTAR Titicaca)”, adjudicado a un consorcio conformado por empresas mexicanas con experiencia internacional en el rubro, cuya oferta económica ha generado 30% de ahorro al Estado peruano en diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, además de beneficiar al ámbito urbano de los principales distritos ubicados en el lado peruano de la cuenca del lago, ya que contribuirá a la disminución de enfermedades causadas por aguas residuales que actualmente no reciben un adecuado tratamiento, favoreciendo la reducción de la contaminación del lago.

Para concluir podemos señalar lo siguiente:

• El Estado peruano necesita cerrar la brecha de infraestructura para poder aumentar la productividad de sus industrias, la competitividad del país y la calidad de los servicios públicos para sus ciudadanos.

• Esta brecha, estimada al 2025 en US$ 159,549 millones, no puede ser cerrada únicamente a través de inversión pública, por lo que se requiere la participación de empresas privadas peruanas y extranjeras.

• Para facilitar esta participación, el Estado peruano ha establecido los marcos legales respectivos, encargando a ProInversión la promoción de los mismos: Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas (APP).

• Mediante estos dos mecanismos se han generado importantes proyectos que ayudan al cierre de brechas de infraestructura que brinda servicios públicos y que seguirán siendo alternativas importantes de cara a lograr una mejor competitividad del país.